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La financiación de estos centros de trabajo proviene en buena parte de subvenciones y conciertos de las administraciones públicas. En el caso de los centros especiales de empleo también existe una contraprestación económica por la contratación de suministros o la prestación de servicios a las administraciones. Asimismo, la Seguridad Social, bonifica a los CEE, a través cotizaciones sociales por sus trabajadores.

Con esta firma, las organizaciones mencionadas, se posicionan frente a las políticas de recortes presupuestarios y retraso en los pagos en que se han empeñado las diferentes administraciones a las que recuerdan las políticas de contención del gasto y reducción del déficit público debes establecer prioridades y que ello supone que hay colectivos sobre los que no cabe aplicar reducción alguna.

Las organizaciones firmantes manifiestas que los importantes avances conseguidos en los últimos 30 años, desde la anterior situación de marginalidad hacia la atención, la educación, la formación profesional, el desarrollo personal y la integración social y laboral de las personas con discapacidad en la actualidad, no se van a poder sostener sin el necesario apoyo económico público. Una merma en dicha financiación supondría la pérdida de puestos de trabajo, la desaparición de servicios de apoyo y la rebaja en la calidad de atención.

De mantenerse los actuales niveles de financiación pública, las partes se comprometen asimismo a hacer los esfuerzos precisos para garantizar la mejora en la calidad de atención y el mantenimiento de los puestos de trabajo, a pesar de la crisis, en aquellas empresas en dificultades.

FEAPS pone en valor la labor realizada por su organización AEDIS en la búsqueda de estrategias comunes para afrontar esta situación de crisis desde criterios de sostenibilidad y de defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

FUENTE: FEAPS